(Actuall) Fernández Marugán ha pedido al Ministerio del Interior que «proteja la integridad física y moral de las mujeres, así como su derecho a la libre circulación, mediante la adopción de medidas preventivas concretas en el marco de las competencias policiales, sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos».
Estas recomendaciones las ha hecho a raíz de una denuncia de la principal patronal de la industria del aborto en España, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) realizada el pasado año.
ACAI proponía «la creación de espacios seguros alrededor de las clínicas de abortos para que se respete el derecho a la libre circulación de las mujeres» y según ha detallado el Defensor del Pueblo esta institución «valora positivamente este planteamiento, pues permite el ejercicio en el espacio público de todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles».
Asímismo, Fernández Marugán reclama «un tratamiento global y preventivo que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales concurrentes, sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista».
El Defensor del Pueblo no ha hecho alusión alguna al hecho de que la labor de las personas pro vida en las inmediaciones de los centros de aborto se desarrolla por regla general en un clima de absoluto respeto. Tampoco a las ocasiones en las que los trabajadores de las empresas dedicadas a provocar a muerte de seres humanos en su etapa de vida prenatal a través del aborto han agredido a los rescatadores pro vida. Así sucedió por ejemplo en 2017, cuando un trabajador del centro Isadora de Madrid pegó a un voluntario provida o cuando arrojaron restos biológicos (sangre y placenta) o pedruscos a los provida.
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