(Agencias) La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado este miércoles una querella contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero, responsable de la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en 2010, contra la Ley del aborto aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Se da la circunstancia de que Andrés Ollero fue diputado del PP y antes de llegar al TC se había manifestado defensor del derecho a la vida y crítico con la legislación española sobre el aborto.
Nos querellamos contra el Magistrado del Constitucional ponente del recurso contra la Ley del Aborto por un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso.https://t.co/k4Hh3ywPZ0
— Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) July 14, 2021
Según informa El Confidencial Digital, «la ponencia sobre la constitucionalidad de la ley del aborto está escrita desde hace años, pero sigue en un cajón. Concretamente en el cajón del despacho de Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional. Y todo apunta a que ahí se quedará. La sentencia escrita por él nunca verá la luz porque, según todas las fuentes consultadas en el órgano, el presidente Juan José González Rivas no tiene intención de convocarla al pleno. Quiere evitar que se produzca un debate que divida al tribunal en un tema tan sensible y espera a la renovación de parte de sus miembros para que un nuevo magistrado redacte una nueva sentencia».
En declaraciones a los medios, Castellanos ha explicado que, en 2010, el TC decidió no suspender cautelarmente la aplicación de la norma, como pedía el PP en su recurso, atendiendo a que se iba a dar «especial urgencia» a la resolución. Una decisión que, según insisten, no ha llegado tras más de una década.
Por este motivo acusa al magistrado, como responsable de esta resolución de un «retardo malicioso» tras 11 años «sin hacer nada». Además, tal y como ha señalado la portavoz de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, hacen responsable a Ollero de «la vida de miles de bebés y de muchas madres».
Las consecuencias de esta situación, tal y como ha explicado la portavoz de la entidad, son «la muerte miles de niños», también «de mujeres» y que el Gobierno intenta «avanzar todavía más» en la «agenda ideológica» del Ejecutivo reformando esta norma que, según ha indicado Castellanos, «es ilegal» y «no pretende ayudar a las mujeres» sino «seguir engordando de dinero a los empresarios del aborto».
Un atentado contra el derecho a la vida
A su juicio, este es el fin de las nuevas medidas anunciadas por al ministra de Igualdad, Irene Montero, para reformar este texto. «Pretenden acabar con la objeción de conciencia, pretenden acabar con el plazo espera y pretenden que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno», ha señalado Castellanos.
«Es un fraude, es además un atentado contra el derecho a la vida y va en contra la ley», ha insistido la abogada, quien ha reiterado que esta medida no pretende «ayudar a las mujeres». Así, ha indicado que los centros abortistas reciben 40 millones de euros, un dinero que, en su opinión, debería ser «para las mujeres».
«Por lo tanto, esta especial urgencia que dijeron que se iba a dar, y que no se han dado, es un delito, es un retardo malicioso y por eso hemos puesto una querella contra el magistrado ponente del TC», ha indicado.
En la querella presentada por Abogados Cristianos, recogida por Europa Press, se solicita una pena para el magistrado Ollero de «inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses», así como «las correspondientes costas, incluidas las de la acusación particular».
Denuncian al Tribunal Constitucional español por llevar once años sin dictar sentencia sobre la ley del aborto
Por otro lado, un grupo de 20 diputados españoles de entre los que recurrieron ante el Tribunal Constitucional la ley del aborto el 1 de junio de 2010, han presentado el pasado día 16 de junio una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el TC por violación del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
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